Alemanno: “El lobby se monopolizó con el interés particular de empresas y grupos”

El autor del libro ‘The Good Lobby’ e investigador defiende la “desmitificación” de esta actividad de presión y su apertura a grupos no representados más allá de grandes grandes corporaciones con presupuestos millonarios.

¿Por qué hacer lobby sólo está reservado a grandes compañías con bolsillos profundos que pueden pagar presupuestos millonarios? El investigador Alberto Alemanno defiende que esta actividad ha sido monopolizada por estos grandes grupos que habitualmente defienden “intereses particulares” y no generales. El autor del libro ‘The Good Lobby’ cree que hay que desmitificar esta actividad, especialmente mal vista por la falta de transparencia de gobiernos y administraciones públicas. Y, sobre todo, abrirla a ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que realmente defiendan “intereses generales”. Eso sí, con unas reglas claras establecidas en una regulación y con mucha más luz y taquígrafos.

España no está en una situación muy diferente a otros mercados del Sur de Europa como Italia, Grecia, Portugal o, incluso, Francia, en opinión de Alemanno. En una entrevista con La Información tras la presentación del libro, argumenta que la ausencia de una legislación que obligue a una transparencia en ambos lados (el del grupo de presión y el del político), ese espacio se convierte en una “caja negra”. Y esto crea dos efectos. Primero se crea un mercado secundario levantado por consultoras de todo tipo para vender el acceso a los diferentes actores. Y segundo no se garantiza la misma igualdad de entrada a políticos. “Una ONG no tiene la misma capacidad de atracción y esto no ayuda al proceso político, porque todos los intereses al final no están representados en la mesa de decisión”, argumenta. 

Sólo ocho de los 27 países de la Unión Europea cuenta con un registro nacional de transparencia -España no está entre ellos, aunque está previsto que se regule en la nueva ley que está en fase de anteproyecto-. Según Alemanno, se ha avanzado mucho en los últimos años. Sin embargo, pone el dedo en la llaga: la tipología de la información que solicitan a las empresas es “muy poco granular”. Es decir, Alphabet puede asegurar que ha gastado 5 millones de euros en tareas de ‘lobby’ en Bruselas pero no se sabe realmente para qué ha utilizado eso, cuántas reuniones ha mantenido con legisladores o qué se ha tratado en esos encuentros. En el caso español, no hay por el momento un registro del Estado y sí de algunas organizaciones concretas como ayuntamientos importantes como el de Madrid o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esa falta de transparencia en la información crea mercados secundarios de acceso a información. Los proveedores de información como las agencias de calificación Moody´s, S&P o Dow Jones ofrecen informes sobre la “responsabilidad política” de las empresas en base a unos índices. Aunque esto arroja algo más de luz, pero sigue existiendo esa falta de información granular, pues se trata de tecnologías propietarias en las que no se incluyen ni las preguntas que se han llevado a cabo ni las respuestas por parte de los grupos.

En este contexto, la aprobación de leyes de transparencia en esta actividad resulta clave para aportar luz y taquígrafos. Para este profesor de Derecho y Política de la UE en HEC parís, las prioridades en la legislación en España y la UE son varias. Una es la introducción de una exigencia de información sobre lo que gastan las empresas en ‘lobby’, con quién se reúnen, qué posición mantienen en cada una de las iniciativas… “También declarar si ha habido puertas giratorias y se ha reclutado a un antiguo legislador”, apunta. Entiende que lo relevante, después de años poniendo el foco en las empresas, también es crear obligaciones para el político. “La legislación se ha centrado históricamente sobre el lobista y se ha estigmatizado; en cambio no se han puesto obligaciones sobre el político”, explica. La otra clave es dar mucho más poder a las organizaciones sociales para tener voz en esa ‘mesa de decisión’. 

Uno de los más países más avanzados, según Alemanno, es Irlanda. Ha introducido una normativa de transparencia que se enfoca principalmente en el político, con una “transparencia radical”. Otro es el de Chile, con una ley que también va a en ese sentido. En España, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de principios de noviembre un anteproyecto de ley de transparencia sobre los grupos de interés en el que se establece un registro de lobbies y un sistema de lo que se conoce como ‘huella normativa’, es decir, dejar constancia en la memoria de análisis de impacto normativo de los cambios introducidos en un texto por esa actividad de ‘lobby’. Pese a ello, todo apunta a que esta ley deberá esperar a la próxima legislatura.

El papel de la tecnología

Al margen de la regulación, ¿qué papel puede tener la tecnología para dar más acceso a esta ‘presión’ a los políticos entre grupos más pequeños o colectivos sociales? Una de las modalidades que se instauraron hace años es la de la plataforma de recogida de firmas. Alemanno se muestra muy crítico con este tipo de plataformas, pues cree que acaba en un “activismo de clic” que no va más allá. Entiende que este tipo de herramientas digitales deberían aportar mucha más transparencia sobre lo que sucede después de estampar el nombre en la lista y comprometer a los ciudadanos que participan para incrementar la presión más allá de la firma.

¿Cuál es el incentivo para un político a plantear en una normativa todos estos puntos, que le obliga a abrir las ventanas de sus despachos? “Hay cansancio democrático; existe una especie de sospecha sobre su actividad. Por tanto, si no propones o no apoyas una ley es que tienes algo que esconder”, apostilla. Él es optimista. Cree que durante los próximos años se va a oír hablar más de ‘lobby’. Cree que el único impacto sobre la gestión de las empresas que no se está analizando es este. “Y como sucede con la gestión medioambiental o social, habrá demanda de los inversores, de los empleados y de los consumidores para que esta actividad sea más visible porque quieren saber más y se penalizará a quien no lo haga”, concluye.